En México, ser servidor público no solo significa ocupar un cargo en el gobierno. También implica cumplir con una serie de deberes y obligaciones, cuyo incumplimiento puede generar, entre otras cosas, responsabilidades administrativas.
Aunque a veces estos términos suenan lejanos, en realidad nos afectan a todos: son la forma en que se busca garantizar que quienes manejan recursos, toman decisiones o prestan servicios públicos lo hagan con honestidad, legalidad, imparcialidad y eficiencia.
Son las consecuencias legales que enfrenta un servidor público cuando actúa en contra de la ley o de los principios que rigen su función. Esto puede ir desde una amonestación hasta la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, e incluso sanciones económicas.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las conductas indebidas se dividen en:
1. Faltas no graves – Por ejemplo, descuidar el cumplimiento de funciones, retrasar trámites o incumplir horarios.
2. Faltas graves – Incluyen el cohecho (aceptar sobornos), desvío de recursos públicos, abuso de funciones, enriquecimiento oculto o la contratación indebida de servicios.
Las faltas graves pueden incluso derivar en investigaciones penales.
La Constitución y las leyes establecen que todo servidor público debe actuar bajo principios como:
● Legalidad: hacer solo lo que la ley permite.
● Honestidad: no usar el cargo para beneficio propio o de terceros.
● Lealtad: anteponer el interés público sobre el personal.
● Imparcialidad: no favorecer a personas o grupos por motivos ajenos a la ley.
● Eficiencia: hacer bien el trabajo, optimizando recursos.
Si una autoridad detecta una posible falta administrativa, se inicia un procedimiento que puede incluir:
● Investigación para reunir pruebas.
● Sustanciación ante un órgano interno de control o tribunal administrativo.
● Resolución, que determina si hubo responsabilidad y aplica la sanción.
Conocer las responsabilidades de los servidores públicos nos permite exigir rendición de cuentas y detectar cuando una autoridad actúa fuera de la ley. Además, fortalece la confianza en las instituciones y fomenta una cultura de integridad en el servicio público.
No obstante lo anterior, en este tipo de procedimientos existen diversos principios que deben respetarse, siendo uno de los más importantes, sino el que más, el de presunción de inocencia.
Este principio establece que el presunto responsable -servidor público- es inocente hasta que una resolución dicte lo contrario, lo cual es indispensable, puesto que en muchas ocasiones, los servidores públicos son señalados como responsables cuando, efectivamente, no han cometido conducta alguna, como ha sucedido en numerosos asuntos que esta firma ha tenido la oportunidad de representar.
Si eres servidor público y estás enfrentando un procedimiento de responsabilidad administrativa, en Rodríguez, Manzano y García Abogados somos expertos en responsabilidades administrativas. No dudes en contactarnos.
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