¿Eres proveedor del Gobierno y no te pagan? Conoce qué hacer y cómo defender tu dinero.

¿Eres proveedor del Gobierno y no te pagan? Conoce qué hacer y cómo defender tu dinero.

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Convertirse en proveedor de entidades gubernamentales, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, representa una gran oportunidad de crecimiento para cualquier empresa. Sin embargo, uno de los desafíos administrativos más comunes y frustrantes es el retraso injustificado o la negativa de pago por parte de las dependencias.

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Si ya entregaste los bienes o prestaste el servicio de manera satisfactoria y el gobierno no te paga, no des tu dinero por perdido. A continuación, te explicamos qué debes hacer para proteger tu patrimonio:

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1. Documenta todo tu proceso. Antes de iniciar cualquier reclamo, es vital tener un expediente impecable. Asegúrate de contar con el contrato administrativo firmado, las facturas debidamente emitidas y timbradas, y lo más importante: las actas de entrega-recepción o cualquier documento firmado por la autoridad que compruebe que cumpliste con tu parte de la obligación al 100%.

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2. Presenta un escrito de requerimiento de pago. El primer paso suele ser presentar un escrito formal de cobro o reclamación de pago ante la dependencia contratante. En muchas ocasiones, los retrasos se deben a cierres de ejercicio presupuestal o cambios de administración; un requerimiento de pago formal y bien fundamentado puede destrabar el trámite administrativamente, además de generar el acto que nos llevará, en su caso, a un litigio.

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3. El Juicio Contencioso Administrativo Federal. Si la autoridad ignora tu petición, es omisa o emite una negativa formal de pago, es momento de escalar la situación. La vía legal idónea para exigir el cumplimiento del contrato es el Juicio Contencioso Administrativo Federal, un procedimiento que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o bien, el Tribunal de Justicia Administrativa local. A través de este juicio, el tribunal puede  condenar a la dependencia a que liquide el adeudo y, dependiendo del caso, al pago de gastos financieros o intereses moratorios por el retraso e incluso indemnizaciones.

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Adicionalmente, existen instancias como la conciliación ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a nivel federal, donde se celebrarán audiencias con las cuales, en el mejor de los casos, se obtendrá el pago de los bienes o servicios, y en caso de no llegar a un acuerdo, servirá como antecedente para un eventual litigio administrativo.

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En Rodríguez, Manzano y García Abogados, somos expertos en derecho administrativo y en la defensa legal de las empresas frente a actos de autoridad. 

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